La pandemia del covid-19 está haciendo evidente algo que se venía asomando desde hace algún tiempo: la educación legal en Chile se está quedado atrás.

Todas las escuelas de Derecho en Chile han debido cerrar sus puertas como consecuencia del distanciamiento físico que exige la pandemia y las cuarentenas decretadas por la autoridad. Al igual que los tribunales de justicia, las escuelas de Derecho se construyen desde lo físico: sus edificios, las salas de clase, la presencia del profesor en torno al cual se reúnen los alumnos e incluso el papel, donde todavía parece estar el conocimiento. La transición al mundo virtual ha sido caótica.

Muchos profesores están aprendiendo a la rápida sobre videoconferencias y, aunque la mayoría está haciendo el mejor esfuerzo, las clases se parecen más a la televisación de un programa de radio que a una clase en formato digital.

Y como si eso no fuera suficiente para entender que el primer semestre del 2020 (siendo optimista) será un tiempo perdido en la formación de los futuros abogados, los estudiantes deben lidiar con un programa añejo, con contenidos irrelevantes y una educación que los sigue obligando a memorizar y estudiar cuestiones que nada aportan a su formación. Y todavía más, se van a titular y enfrentarán un mercado repleto de abogados, con firmas que tienen congeladas sus contrataciones y donde el sueño de Martín Rivas lo van a mirar con demasiada distancia.

En la era digital, que hoy nos llegó como una bofetada, donde la colaboración, la capacitación, las habilidades de las personas y el aprendizaje ágil son claves, las escuelas de Derecho se han quedado atrás.

No podemos entender la educación legal desconectada del mercado profesional, el que ha cambiado y cambiará aún más después del covid-19. En un período notablemente corto hemos transitado desde un mundo donde los abogados eran los amos del mercado y sus ingresos crecían a tasas exorbitantes a uno con mayor competencia, clientes más exigentes y menores ingresos.

No es difícil, entonces, entender la inercia de las facultades de Derecho. Los abogados también se quedaron atrapados en el recuerdo de tiempos mejores. Los últimos años de la década de los 80, y con mayor fuerza en la del 90, fueron años de éxito para la profesión y el número de estudiantes que ingresaban a las escuelas creció como nunca. Y cuando las cosas van bien, la innovación escasea. La inercia mantuvo programas y asignaturas que venían enseñándose desde hace años. Las facultades de Derecho no han logrado alinearse ni adaptarse a un mercado cambiante.

La educación legal, tal como la conocemos, debe dar un paso al costado y abrir espacio a programas que fomenten el pensamiento crítico y la resolución de problemas, que incentiven la creatividad, la flexibilidad cognitiva y la colaboración. Los programas deben incluir gestión de proyectos, procesos, análisis de datos, diseño, conceptos básicos de negocios, matemáticas, programación, predicción, gestión de riesgos y liderazgo. Las escuelas de Derecho deben entender que hoy, conocer la ley ya no es suficiente.

No se trata de subirse a Teams o Zoom para hacer clases o creerse innovadores al incluir cursos de “Derecho y Tecnología”, donde el profesor le muestra a los alumnos unos power point repletos de conceptos y hasta la transcripción de artículos de la ley. Hay que combinar el conocimiento legal con otras competencias que nos exige el mundo de hoy.

El covid-19 es una oportunidad para la educación legal, para que las universidades transiten hacia el aprendizaje on line y echen abajo antiguos paradigmas en la enseñanza legal. El conocimiento está a un click de distancia y ya no se necesita a profesores que repitan, con mayor o menor talento, los artículos de la ley o los manuales que siguen ahí generación tras generación. Un profesor de Derecho Procesal debe dejar de exigir que sus alumnos memoricen plazos, para dar paso a una enseñanza práctica, enfrentando al alumno al enfermo, como lo hacen las escuelas de medicina, entregándoles herramientas y habilidades para un mundo donde la litigación será on line. El futuro abogado debe ser capaz de resolver el problema de su cliente, no repetirle lo que dice el artículo 45 del Código Civil, tan citado por estos días.

Las escuelas deben alinearse con el mercado para preparar estudiantes para lo que significa ser un abogado hoy. Deben abandonar los programas de cinco años, reimaginar el plan de estudios, la composición del profesorado y diseñar su oferta educativa para entregar una formación continua a lo largo de la vida de los abogados. El mundo cambia y seguirá cambiando exponencialmente. Ya es hora de que las escuelas de Derecho hagan lo mismo.

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