Por Rafael Mery
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Imaginemos lo siguiente: tomamos a un profesor de derecho de 1975, lo subimos a una máquina del tiempo y lo depositamos en una sala de clases de 2026. ¿Qué encontraría? Un código en la mesa, un profesor explicando desde el frente, estudiantes tomando apuntes, un examen final que pregunta por la naturaleza jurídica de alguna institución. Reconocería todo, salvo, quizá, el PowerPoint que usa el profesor donde tiene transcrita toda su clase. Pero, en general, podría, con un mínimo de esfuerzo, hacer la clase él mismo.
Hagamos ahora el mismo ejercicio con un médico, un ingeniero o un periodista de 1975. Ninguno reconocería su lugar de trabajo. El médico no sabría leer una resonancia, el ingeniero no habría visto jamás un plano hecho en computador y el periodista no entendería qué es un Content Management System (CMS). El profesor de derecho, en cambio, se sentiría en casa.
La reacción habitual frente a esta imagen es la burla: las facultades de derecho serían refugios de conservadurismo, pobladas por académicos alérgicos al cambio. Es una caricatura fácil y, como toda caricatura, injusta. Mi hipótesis es otra: las escuelas de derecho no innovan porque sus profesores sean especialmente conservadores, sino porque fueron diseñadas para no innovar. La resistencia al cambio no es una falla del sistema; es el sistema funcionando exactamente como fue concebido.
Conservadoras por diseño
El derecho existe para dar estabilidad. Su promesa fundacional es que las reglas de hoy seguirán vigentes mañana, que los contratos se cumplirán, que las sentencias serán predecibles. Un ordenamiento jurídico que cambiara con la velocidad de una startup sería, sencillamente, un mal ordenamiento jurídico. La seguridad jurídica -ese valor que invocamos con reverencia- es, en el fondo, un elogio de la lentitud.
Esa lógica no se queda en los tribunales. Permea la cultura de las instituciones que enseñan derecho. Las facultades transmiten un saber que se legitima por su continuidad: el Código Civil chileno tiene más de 160 años y seguimos enseñando sus categorías con orgullo genealógico. El prestigio de una escuela de derecho se construye sobre su antigüedad, sus tradiciones, sus egresados ilustres. Ninguna facultad se promociona diciendo «rompimos con todo lo anterior». Se promocionan diciendo: «formamos presidentes, ministros y jueces desde 1842».
Pedirle a una institución así que sea ágil y experimental es pedirle que traicione la fuente misma de su autoridad. No es terquedad; es coherencia.
El peso de haber tenido razón
Aquí aparece la segunda trampa, más sutil que la primera: el modelo funcionó. Durante más de un siglo, la clase magistral, el estudio de códigos y manuales, el examen memorístico y la tesis produjeron abogados razonablemente competentes para un mercado que los absorbía sin dificultad. El sistema no sobrevivió por inercia ciega, sino porque entregaba resultados.
Y ese es precisamente el problema. Las organizaciones no abandonan fórmulas exitosas; las repiten. Clayton Christensen lo describió para las empresas: quienes dominan un mercado rara vez lideran su disrupción, porque hacerlo exigiría canibalizar aquello que los hizo dominantes. Kodak inventó la cámara digital en 1975 y la guardó en un cajón, no por estupidez, sino porque su negocio era vender película fotográfica. Los grandes diarios vieron llegar internet y respondieron subiendo el papel a la pantalla, porque su modelo de avisaje llevaba un siglo funcionando.
Las facultades de derecho están en una posición estructuralmente análoga. Su producto -el título de licenciado en ciencias jurídicas, con su liturgia formativa tradicional- sigue vendiéndose bien. Los cupos se llenan, los aranceles se pagan, los egresados encuentran trabajo (o más o menos). ¿Por qué habría de reformarse una institución cuyos indicadores le dicen, año tras año, que está haciendo las cosas bien? El éxito pasado es el argumento más persuasivo contra el cambio futuro. Y es un argumento que, hasta ayer, era difícil de rebatir.
Nadie premia al profesor que innova
Sigamos la ruta de los incentivos, que rara vez miente. ¿Cómo se construye una carrera académica en Derecho? Publicando en revistas indexadas, obteniendo un doctorado, adjudicándose proyectos de investigación o informando en derecho. En ese menú, la innovación pedagógica no aparece. Un profesor puede rediseñar completamente un curso, construir evaluaciones basadas en problemas reales, transformar la experiencia de aprendizaje de cincuenta o más estudiantes, y nada de eso pesará en su jerarquización académica. Un paper en una revista que leerán un par de personas, sí.
Nils Gilman, en un ensayo reciente sobre la crisis de la universidad norteamericana, llama a esto la «economía del prestigio»: un sistema donde las recompensas fluyen hacia la investigación, y la docencia queda como obligación secundaria, casi como un peaje. Las universidades de elite -agrega Gilman- construyeron sus plantas académicas casi exclusivamente en torno al mérito investigativo, con criterios de promoción que ni producen ni premian la sensibilidad pedagógica.
La consecuencia es previsible. Los profesores no son irracionales: responden a los incentivos que la institución les pone delante. Si el sistema paga por publicar y no por enseñar mejor, la energía se irá a publicar. La innovación docente queda entregada al voluntarismo de algunos entusiastas, que la practican a pesar del sistema y no gracias a él. Y el voluntarismo, ya lo sabemos, no escala.
A esto se suma un mecanismo más profundo, que Bourdieu describió con precisión: la reproducción. Los profesores enseñan como fueron enseñados. Quien llegó a la cátedra tras sobrevivir con éxito al modelo tradicional -memorizó los códigos, rindió los exámenes orales, escribió la tesis- ha incorporado ese modelo como segunda naturaleza. No lo defiende por convicción teórica; lo reproduce porque es lo que sabe hacer, porque le funcionó, porque constituye su habitus profesional. Cada generación de académicos exitosos es, en este sentido, la mejor prueba viviente de que el sistema funciona y la mejor garantía de que no cambiará.
La demanda tampoco empuja
Podría pensarse que la presión vendrá de afuera: de los estudiantes o del mercado laboral. La evidencia sugiere lo contrario.
Los estudiantes eligen facultad por reputación, tradición, redes y empleabilidad. Ningún postulante de 18 años compara metodologías docentes; compara rankings, apellidos institucionales y tasas de empleo. Y una vez adentro, el estudiante de derecho aprende rápido que su capital futuro depende de las notas y del prestigio de su escuela, no de cuán innovadora fue su formación. Pedirle que exija transformación pedagógica es pedirle que apueste su carrera a un experimento.
Los empleadores refuerzan el circuito. Habiendo estudiado el mercado legal chileno por años, he constatado, una y otra vez, que las firmas contratan por señales: universidad de origen, promedio, distinciones. Son señales imperfectas, pero baratas de leer. Mientras el mercado siga premiando el título de las mismas cinco facultades de siempre, esas facultades no tienen ningún incentivo competitivo para arriesgar su fórmula. El mercado no pide abogados formados de otra manera; pide abogados formados en los lugares de siempre.
Cierra el círculo la gobernanza universitaria. Las universidades se gobiernan por claustros, consejos y comités, estructuras deliberadamente diseñadas para que ninguna autoridad pueda imponer cambios abruptos. Esa arquitectura tiene virtudes enormes -protege la libertad académica, evita el caudillismo- pero su costo es la velocidad. Una reforma curricular seria puede tomar cinco años entre comisiones, consultas y aprobaciones. En el mismo período, la tecnología que motivó la reforma habrá cambiado tres veces.
Conservadurismo funcional, éxito histórico, incentivos torcidos, demanda complaciente, gobernanza lenta. Cinco piezas que encajan. El resultado no es una conspiración contra el cambio: es un equilibrio. Y los equilibrios no se rompen con discursos. Se rompen con anomalías.
La anomalía se llama inteligencia artificial
Thomas Kuhn enseñó que los paradigmas científicos no caen porque alguien los refute elegantemente. Caen cuando se acumulan anomalías que el paradigma ya no puede explicar, hasta que la ciencia normal se vuelve insostenible. La educación jurídica ha operado durante más de un siglo bajo un paradigma estable: el derecho es un corpus de información que el profesor posee, transmite mediante la lección y verifica mediante el examen. Todo el edificio -la cátedra, el manual, la prueba, la memoria- descansa sobre un supuesto: que adquirir y reproducir información jurídica es difícil, y que esa dificultad es la que hay que entrenar y certificar.
Ese supuesto acaba de morir. Los modelos de lenguaje redactan escritos, resumen jurisprudencia, explican instituciones con paciencia infinita y aprueban exámenes de grado. Gilman lo formula con una imagen precisa: la IA actúa como un solvente que disuelve el pegamento tecnológico -el libro, la cátedra, el examen escrito- que mantenía unido el paquete universitario, y deja a la vista contradicciones que siempre estuvieron ahí. Si un estudiante puede producir una memoria plausible en veinte minutos, ¿qué certifica la memoria? Si una IA explica la teoría del acto jurídico mejor que la mayoría de las cátedras, ¿qué valor agrega la cátedra?
Nótese lo que la anomalía pone en cuestión. No los contenidos -esos siempre se pueden actualizar- sino la lógica misma del modelo: qué significa saber derecho, cómo se enseña y cómo se acredita. Por eso las respuestas cosméticas no alcanzan. Agregar un curso de «Tecnología y Derecho» al final de la malla, o enseñarle Python a los abogados, es la versión jurídica de subir el diario en papel a internet. La pregunta no es qué herramienta incorporamos, sino si el paradigma completo -lo que evaluamos, lo que premiamos en los profesores, lo que señalizamos al mercado- sigue midiendo algo que importa.
Otras profesiones ya pasaron por su hora de la verdad. La medicina lo hizo hace un siglo: el Informe Flexner de 1910 obligó a cerrar decenas de escuelas y a reconstruir la formación médica sobre la clínica y el laboratorio, no sobre la lección magistral. Fue traumático, y fue lo que convirtió a la medicina en la profesión más respetada del siglo XX. La prensa, en cambio, eligió defender su modelo hasta que el modelo la abandonó. Las escuelas de derecho tienen hoy ambos espejos disponibles.
La pregunta que hay que hacerse
Nada de lo anterior es un reproche a los académicos del derecho, entre quienes me cuento. Es un diagnóstico institucional: las facultades hacen exactamente aquello para lo que fueron diseñadas, y lo hacen bien. El problema es que el entorno para el cual fueron diseñadas está dejando de existir, y las instituciones optimizadas para la continuidad son las últimas en enterarse de que la continuidad se acabó.
Kuhn advertía que los defensores del viejo paradigma rara vez se convierten; simplemente son reemplazados. Sería una lástima que esa fuera la ruta de la educación jurídica, porque hay demasiado valor acumulado en nuestras facultades como para dilapidarlo en una defensa numantina de la manera en que se enseña derecho.
La pregunta que cada decano, cada consejo de facultad y cada claustro debería estar discutiendo hoy no es qué software comprar ni qué curso agregar. Es otra, más antigua y más brutal: ¿estamos formando abogados para el mundo que existió durante los últimos cincuenta años o para el que existirá durante los próximos veinte?
De momento, el silencio con que solemos recibir esa pregunta es, en sí mismo, una respuesta.
Rafael es el responsable de Mirada 360 en América Latina, donde colabora con las firmas de abogados en estrategia, modelo de negocio y posicionamiento competitivo. El trabajo académico, como profesor e investigador durante más de 15 años, y su formación en derecho y en economía, lo llevó a interesarse por estudiar el mercado legal.
