Durante mucho tiempo hubo una correspondencia bastante simple en el mercado legal. Quien producía el trabajo jurídico era también, normalmente, quien respondía por él.
Un abogado investigaba la jurisprudencia, otro preparaba el primer borrador de un contrato, un asociado revisaba los documentos de una operación y un socio terminaba validando el resultado que se entregaría al cliente. Podían intervenir muchas personas y existir distintos niveles de supervisión, pero producción y responsabilidad permanecían dentro de una misma organización profesional.
La IA está comenzando a romper esa correspondencia.
Una empresa puede hoy utilizar IA para analizar contratos, preparar borradores, investigar una cuestión jurídica, revisar miles de documentos o detectar riesgos antes de consultar a una firma. Un abogado puede recibir un análisis que no produjo y limitarse a revisarlo. Una firma puede utilizar agentes para ejecutar buena parte de un proceso y concentrar la intervención de sus abogados en aquellos momentos en que resulta necesario interpretar, decidir o aprobar.
La consecuencia puede ser bastante más profunda que un simple aumento de productividad.
La IA permite desacoplar la producción jurídica de la responsabilidad jurídica, y si eso ocurre, una parte importante del valor económico de los abogados podría desplazarse desde producir derecho hacia algo diferente: verificarlo, interpretarlo, decidir sobre él y responder por sus consecuencias.
El cliente comienza a producir.
La primera señal está apareciendo fuera de las firmas. Hasta ahora, cuando una empresa tenía una necesidad jurídica relevante, una de las decisiones básicas consistía en determinar si podía resolverla con su departamento legal in-house o debía enviarla a abogados externos. Esa frontera estaba condicionada por la capacidad disponible. Investigar, revisar documentos, preparar contratos o realizar un due diligence requería horas de abogados y, por tanto, una determinada dotación de profesionales.
La IA modifica esa restricción. La encuesta de 2025 de la Association of Corporate Counsel y Everlaw, realizada entre 657 profesionales in-house de treinta países, mostraba ya la dirección del cambio. El 64% esperaba reducir su dependencia de abogados externos gracias a la IA y el 50% anticipaba menores costos de asesoría externa. Más significativo todavía es qué trabajo pensaban internalizar: 78% mencionaba redacción, 71% gestión contractual y 62% investigación jurídica. Incluso aparecían actividades tradicionalmente asociadas a asesoría externa más sofisticada, como partes del trabajo de M&A y litigios.
Durante 2026, esa posibilidad comienza a observarse en la práctica. El estudio de DISCO y Ari Kaplan Advisors recoge departamentos legales utilizando agentes e IA generativa para retener internamente asuntos que antes externalizaban. Uno de los participantes estima ahorrar aproximadamente US$10.000 de asesoría externa por operación de M&A simplemente utilizando su archivo interno para generar resoluciones de directorio. La frase de otro abogado in-house resulta todavía más reveladora: el abogado externo está pasando de ser “originator of work” a “validator”.
La expresión captura bastante bien lo que puede estar ocurriendo. El cliente ya no necesita comprar necesariamente todo el proceso de producción jurídica. Puede producir una parte y comprar solamente aquello que no puede -o no quiere- asumir.
De producir el contrato a validar el contrato.
Imaginemos una operación relativamente rutinaria. En el modelo tradicional, el cliente envía antecedentes a la firma. Un abogado los organiza, otro investiga, un asociado prepara el documento, alguien lo revisa, se incorporan comentarios y, finalmente, un socio valida el resultado. Buena parte del precio remunera el proceso completo.
Pero ese proceso puede comenzar a descomponerse. El cliente puede recopilar antecedentes automáticamente. Un agente puede compararlos con contratos anteriores. Otro puede identificar cláusulas problemáticas. Un modelo puede generar un primer borrador utilizando el playbookde la compañía. El departamento legal puede revisar las desviaciones y enviar al abogado externo solamente tres preguntas difíciles.
La empresa sigue necesitando asesoría jurídica, pero lo que ha cambiado es la cantidad de producción que necesita comprarle a la firma.
Los datos recientes muestran que esta no es solamente una posibilidad teórica. El 58% de los participantes en el estudio 2026 de DISCO había integrado IA en procesos rutinarios y el 62% utilizaba agentes en producción. Al mismo tiempo, la proporción de firmas que señalaba estar adoptando IA como respuesta a las exigencias de sus clientes aumentó desde 39% hasta 64%.
Hay además casos concretos interesantes. El Financial Times describió durante 2026 departamentos legales construyendo sus propios sistemas. Endava, por ejemplo, utiliza herramientas personalizadas para evaluar acuerdos de confidencialidad y revisar terceros, y estima haber reducido entre 40% y 50% el tiempo destinado a esta última tarea manteniendo estable su equipo jurídico. Upsider está desarrollando un sistema que combina conversaciones de Slack y Notion con un playbookjurídico interno para detectar anticipadamente riesgos contractuales y regulatorios.
La producción jurídica comienza así a desplazarse hacia el cliente, pero la responsabilidad no necesariamente lo hace en la misma proporción.
Las firmas están haciendo exactamente lo mismo.
Lo interesante es que dentro de las propias firmas está ocurriendo un fenómeno parecido. Sullivan & Cromwell LLP desarrolló con OpenAI su Agreement Analyzer. La herramienta realiza múltiples ciclos automatizados sobre contratos, identifica problemas, compara las cláusulas con playbooks de negociación de la firma y del cliente y propone modificaciones. Después aparece el abogado: las revisa.
Ropes & Gray LLP está desarrollando un sistema de due diligence transaccional que reproduce las etapas de revisión utilizadas por sus propios abogados. Según la firma, una revisión que tradicionalmente podía tomar días o semanas puede producir un informe detallado en horas. Pero la propia arquitectura mantiene supervisión de abogados durante el proceso.
Cooley LLP ha llevado la lógica todavía más lejos con GO Public. El sistema utiliza agentes especializados para investigar y generar el borrador inicial del Form S-1 de una oferta pública, utilizando información de la compañía, instrucciones de redacción y precedentes seleccionados. La firma sostiene que ese primer borrador puede generarse en minutos en vez de días. Sin embargo, Cooley enfatiza simultáneamente que sus abogados conservan el análisis jurídico y la responsabilidad sobre el producto final.
Los tres ejemplos presentan una estructura semejante: la máquina produce cada vez más; el abogado interviene cada vez más selectivamente.
Eso no significa necesariamente menos importancia para el abogado. Puede significar algo distinto: que la intervención humana comienza a concentrarse precisamente allí donde existe mayor necesidad de juicio y responsabilidad.
Producir se abarata; responder no necesariamente.
Aquí aparece una consecuencia económica importante. La IA está reduciendo radicalmente el costo marginal de determinadas formas de producción intelectual. Generar otro resumen, comparar otro contrato, revisar otro documento o producir otro borrador puede costar muy poco.
Pero validar ese resultado no es equivalente a generarlo. Alguien debe determinar si las fuentes son correctas, si falta un riesgo que el sistema no identificó, si una cláusula aparentemente estándar resulta problemática en las circunstancias particulares del cliente, si una recomendación jurídicamente posible resulta comercialmente absurda, si la información es suficiente o si corresponde confiar en la respuesta.
Y, finalmente, alguien debe estar dispuesto a decir: “esto puede enviarse”.
Ese acto es distinto de producir texto. Contiene conocimiento jurídico, experiencia, comprensión del cliente y juicio profesional, pero contiene además algo que los modelos de IA no poseen: responsabilidad por las consecuencias de la decisión.
Por eso la IA podría crear una paradoja. A medida que producir trabajo jurídico se vuelve más barato, la responsabilidad puede convertirse en uno de los componentes relativamente más escasos del servicio jurídico.
California acaba de dibujar esa frontera.
La regulación comienza, además, a reconocer expresamente esa separación. El Estado de California, en Estados Unidos, aprobó esta semana la SB 574, una de las primeras leyes estadounidenses que establece reglas específicas para el uso de IA generativa por abogados. La norma impide que el abogado delegue en una IA el ejercicio profesional y exige verificar los escritos presentados ante tribunales, incluidas las citas producidas mediante IA. También obliga a adoptar medidas razonables para comprobar la exactitud de sus resultados y corregir información falsa.
La arquitectura regulatoria resulta especialmente interesante porque no prohíbe que la máquina produzca, sino que impide que el abogado transfiera con esa producción su responsabilidad profesional.
La distinción podría parecer jurídica, pero tiene una enorme consecuencia económica. Si una máquina puede ejecutar una proporción creciente de las tareas que antes realizaban abogados, mientras la responsabilidad continúa radicada en una persona, la unidad relevante del servicio comienza a cambiar. Ya no se trata de saber cuántas horas de abogado se necesitaron para producirlo, sino qué intervención profesional fue necesaria para poder confiar en ello.
El nuevo cuello de botella.
Durante buena parte de la historia de las firmas de abogados modernas, el recurso escaso fue el tiempo profesional. Una firma podía producir más servicios jurídicos, principalmente contratando más abogados. De ahí la importancia del leverage, las pirámides de asociados y las horas facturables. Cada nuevo asunto consumía capacidad humana adicional.
La IA puede modificar esa relación. Si un sistema puede revisar diez mil documentos, preparar veinte borradores o investigar simultáneamente varias cuestiones, la capacidad de producción deja de crecer necesariamente en proporción al número de abogados.
Pero aparece otro límite. ¿Cuántos resultados puede revisar razonablemente un abogado? ¿Cuándo una revisión superficial deja de constituir verdadera supervisión? ¿Quién determina qué outputs requieren control intensivo y cuáles pueden aprobarse automáticamente? ¿Quién responde cuando el sistema omite precisamente el riesgo que nadie había pensado buscar?
El cuello de botella puede desplazarse de producir a supervisar; de ejecutar a decidir; o de generar a responder.
No es casual que la gobernanza esté apareciendo como uno de los principales problemas de la adopción. Thomson Reuters reporta que 34% de los profesionales de firmas utiliza herramientas de IA no autorizadas por sus propias organizaciones. Y otra investigación de 2026 muestra una tensión todavía más explícita: 96% de los encuestados utilizaría más IA si estuviera claramente determinada la responsabilidad por sus errores, mientras solamente 49% afirma contar con políticas robustas para enfrentarlos.
El problema ya no consiste solamente en conseguir que la IA produzca, sino que consiste en construir sistemas capaces de determinar cuándo podemos confiar en aquello que produce y quién responde cuando no debimos hacerlo.
Una nueva división del trabajo jurídico.
Esto permite imaginar una división del trabajo bastante distinta de la actual. Una primera capa estará compuesta por producción automatizada: búsqueda, clasificación, comparación, extracción, generación, revisión inicial y ejecución de determinados workflows.
Una segunda corresponderá a control y verificación: comprobación de fuentes, detección de errores, evaluación de excepciones y contraste con políticas y playbooks.
Una tercera concentrará juicio jurídico: interpretar situaciones ambiguas, ponderar riesgos, negociar, comprender incentivos y decidir entre cursos de acción posibles.
Y una cuarta contendrá algo que suele permanecer implícito en las discusiones sobre inteligencia artificial: la responsabilidad.
Alguien deberá aprobar el contrato, recomendar la operación, presentar el escrito o decirle al directorio que determinada estructura es jurídicamente defendible.
La IA puede participar intensamente en las tres primeras capas, pero la última resulta bastante más difícil de automatizar porque no constituye solamente una capacidad cognitiva; es una institución jurídica.
El mercado podría empezar a comprar responsabilidad.
Esto también puede cambiar qué compran los clientes. Si una empresa puede producir internamente una parte importante del trabajo preliminar, tendrá menos razones para pagar a una firma para reproducir aquello que ya puede generar, pero puede tener muchas razones para pagar por otra cosa: por revisar una operación compleja, por identificar aquello que la máquina no vio, por asumir una posición frente a una interpretación dudosa, por negociar cuando existen intereses contrapuestos, por defender una decisión ante un regulador o un tribunal, o por poner detrás de una conclusión el conocimiento, la reputación y la responsabilidad profesional de una firma.
La evidencia sobre expectativas de los clientes ya apunta en esa dirección. El 71% de los profesionales in-house encuestados por Thomson Reuters en 2026 espera que las firmas modifiquen sus modelos comerciales como consecuencia de la IA, mientras que 62% de los profesionales de firmas afirma que su estructura de precios todavía no ha cambiado.
Probablemente esa tensión no pueda resolverse simplemente haciendo más rápido el mismo trabajo, porque el cambio puede estar ocurriendo en otro lugar. El cliente comienza a preguntarse qué necesita realmente comprar.
La responsabilidad como último kilómetro.
Durante años hemos discutido si la IA reemplazará a los abogados, pero probablemente esa pregunta sea demasiado gruesa.
La transformación puede adoptar una forma bastante más sutil. La IA puede producir una proporción creciente del trabajo jurídico sin convertirse por ello en abogado. Puede investigar sin asumir deberes profesionales, puede redactar sin tener un cliente, puede identificar riesgos sin responder por los que omitió, y puede recomendar una cláusula sin sufrir las consecuencias de una recomendación equivocada.
Eso crea una separación que antes era mucho más difícil: producción jurídica y responsabilidad jurídica dejan de ser necesariamente la misma cosa.
Y esa separación puede terminar reorganizando el mercado. Algunas empresas producirán internamente y comprarán validación externa. Algunas firmas automatizarán gran parte de su producción y concentrarán a sus abogados en excepciones y decisiones. Algunos servicios jurídicos podrán transformarse en productos tecnológicos con intervención profesional solamente en determinados puntos. Y probablemente aparecerán nuevas formas híbridas que hoy todavía no conocemos.
Nada de esto significa que la producción jurídica vaya a desaparecer de las firmas ni que toda responsabilidad deba necesariamente recaer en abogados externos. La frontera dependerá del tipo de asunto, la regulación, el riesgo involucrado y la capacidad de cada organización para construir mecanismos confiables de supervisión.
Pero hay una consecuencia que comienza a resultar difícil de ignorar. Durante mucho tiempo una parte importante del valor económico del abogado provenía de que para obtener producción jurídica había que comprar tiempo de abogados. La IA está rompiendo esa equivalencia, y podemos estar entrando en un mercado en el que producir Derecho sea cada vez más abundante y barato, mientras verificarlo, decidir cuándo confiar en él y asumir responsabilidad por sus consecuencias siga siendo escaso.
Si eso ocurre, la pregunta decisiva para las firmas ya no será cuánto trabajo jurídico pueden producir sus abogados, sino ¿por qué parte de ese trabajo seguirá dispuesto el cliente a pagar para que un abogado responda por él?
Rafael es el responsable de Mirada 360 en América Latina, donde colabora con las firmas de abogados en estrategia, modelo de negocio y posicionamiento competitivo. El trabajo académico, como profesor e investigador durante más de 15 años, y su formación en derecho y en economía, lo llevó a interesarse por estudiar el mercado legal.
