Hubo un tiempo en que ser abogado significaba entrar a una élite. No solo a una profesión prestigiosa, sino a una élite social, cultural y económica. El abogado era una figura asociada al poder, al lenguaje técnico, a la cercanía con las instituciones y a una cierta idea de éxito profesional. En muchos países -y Chile no fue la excepción- estudiar Derecho era una forma de movilidad social, pero también una vía de acceso a espacios históricamente reservados para pocos.
Había menos abogados, menos facultades de Derecho y menos acceso a la información jurídica. El conocimiento legal circulaba lentamente, muchas veces encapsulado en bibliotecas, estudios jurídicos o conversaciones entre especialistas. El derecho era un lenguaje opaco para la mayoría de las personas y el abogado cumplía una función esencial: traducir un sistema complejo e inaccesible. Eso le daba poder.
El cliente dependía del abogado no solo porque necesitaba representación, sino porque necesitaba comprensión; conocer el derecho. El profesional jurídico actuaba como intermediario inevitable entre las personas y el sistema. Sabía cómo funcionaban los tribunales, cómo se movía la administración pública, cómo interpretar una norma, cómo redactar un contrato o cómo navegar estructuras regulatorias incomprensibles para el resto.
Parte importante del prestigio de la profesión se construyó sobre esa escasez.
Ser abogado significaba pertenecer a un grupo relativamente reducido de personas capaces de acceder, interpretar y administrar información jurídica. El valor estaba en el acceso al conocimiento y en la dificultad de obtenerlo.
Pero ese mundo comenzó a desaparecer hace bastante tiempo, y probablemente muchos abogados todavía no lo terminan de asumir.
Durante las últimas décadas, la profesión jurídica experimentó una transformación estructural que alteró las bases sobre las cuales había construido históricamente su prestigio y modelo económico. La primera gran ruptura fue la masificación.
La expansión de la educación superior multiplicó el número de abogados de manera radical. Se abrieron nuevas escuelas de Derecho, aumentó la matrícula y el título dejó de ser un mecanismo automático de diferenciación profesional.
El problema no es que existan más abogados, sino que gran parte del mercado sigue funcionando psicológica y culturalmente como si la profesión continuara siendo escasa.
Muchos abogados fueron formados bajo una lógica que asumía que el solo hecho de estudiar Derecho garantizaba estatus, ingresos y reconocimiento. Pero los mercados no funcionan sobre la base de expectativas históricas, sino sobre oferta, demanda y capacidad real de generar valor.
Y cuando una profesión se masifica, inevitablemente cambia. El conocimiento técnico deja de ser automáticamente diferenciador, el prestigio deja de venir incorporado en el título y el cliente comienza a comportarse de otra manera. Eso fue exactamente lo que ocurrió.
La masificación no solo aumentó el número de abogados, sino que modificó la relación de poder entre abogado y cliente.
Durante mucho tiempo, el cliente contrataba desde una posición de dependencia y asimetría informacional. No entendía el lenguaje jurídico.
Internet comenzó a destruir ese modelo mucho antes que apareciera la inteligencia artificial. Google fue probablemente el primer gran golpe al monopolio informacional de la profesión jurídica. Los clientes empezaron a llegar más informados, a buscar jurisprudencia, a comparar estudios jurídicos, a leer contratos tipo, a revisar contenido legal y a entender conceptos básicos sin necesidad de pasar necesariamente por un abogado. Y eso cambió profundamente las expectativas de los clientes.
Hoy las personas comparan servicios legales como comparan cualquier otro servicio profesional. Preguntan precios, cotizan, revisan perfiles en internet o LinkedIn, buscan segundas opiniones, exigen rapidez y esperan respuestas inmediatas. Ya no asumen que el abogado tiene razón simplemente porque es abogado.
Y hoy, la IA expone algo particularmente incómodo para el mercado legal: gran parte del trabajo jurídico tradicional consistía, esencialmente, en procesar información: buscar, resumir, ordenar, clasificar, redactar, revisar, comparar y explicar.
Durante décadas, muchas estructuras legales fueron extremadamente rentables haciendo precisamente eso. No porque fuera inútil, sino porque era lento, costoso y difícil de escalar sin capital humano intensivo. El negocio de muchas firmas se construyó sobre pirámides de abogados jóvenes realizando tareas repetitivas que consumían miles de horas facturables.
Hoy una herramienta de IA puede resumir jurisprudencia, identificar cláusulas riesgosas, comparar documentos, redactar borradores contractuales o responder preguntas jurídicas básicas en segundos. Y aunque todavía comete errores y requiere supervisión humana, el punto importante no es si reemplaza completamente al abogado, sino que reduce dramáticamente el valor económico de ciertas tareas históricamente cobrables.
La IA no elimina automáticamente la necesidad de abogados, pero sí obliga a distinguir entre el trabajo que genera valor real y el trabajo que simplemente ocupaba tiempo.
Durante años, parte importante del mercado legal confundió complejidad con fricción. El cliente pagaba no solo por criterio jurídico sofisticado, sino también por ineficiencias estructurales: tiempos de búsqueda, revisión manual de documentos, procesos administrativos lentos y estructuras internas diseñadas para maximizar horas facturables.
La IA viene a destruir parte de esa fricción. Y cuando la fricción desaparece, aparecen preguntas incómodas.
- ¿Por qué cobrar miles de pesos por una tarea que ahora puede realizarse en minutos?
- ¿Por qué mantener estructuras gigantes para producir documentos relativamente estandarizables?
- ¿Por qué el cliente debería seguir financiando procesos internos ineficientes?
Por eso, el verdadero problema de muchas firmas de abogados no es adoptar inteligencia artificial. El problema es que la inteligencia artificial rompe el equilibrio económico sobre el cual se construyó históricamente gran parte de la industria legal.
Eso genera ansiedad, porque obliga a redefinir qué significa realmente agregar valor como abogado.
Durante mucho tiempo, el valor profesional estuvo asociado al acceso privilegiado al conocimiento. Hoy el conocimiento es abundante y relativamente barato. Lo escaso es otra cosa.
Lo escaso es el criterio, la capacidad de tomar decisiones en escenarios ambiguos, la capacidad de comprender riesgos complejos, la capacidad de conectar dimensiones jurídicas, económicas, regulatorias y humanas, la capacidad de diseñar estrategias, de negociar, de generar confianza, de coordinar equipos interdisciplinarios y de entender negocios reales.
Ahí comienza probablemente el verdadero abogado del futuro. No en la acumulación obsesiva de información, sino en la interpretación sofisticada de contextos complejos. Porque el problema de fondo es que el mercado legal fue entrenado durante décadas para valorar memoria, precisión técnica y control de información, pero la IA es extraordinariamente buena precisamente en eso.
La ventaja competitiva ya no puede consistir únicamente en recordar normas o redactar documentos estándar mejor que una máquina. No se trata de acceder a la información jurídica, sino de transformarla en decisiones útiles.
Eso requiere habilidades distintas: más pensamiento estratégico, más comprensión económica, más análisis interdisciplinario, más comunicación, más capacidad de síntesis, más criterio, más adaptación y más entendimiento tecnológico.
Paradójicamente, mientras más accesible se vuelve el conocimiento jurídico, más importante se vuelve aquello que no puede automatizarse fácilmente. Y eso probablemente explica por qué muchos abogados sienten hoy una cierta crisis de identidad profesional.
Porque durante generaciones la profesión construyó su autoestima sobre ciertos símbolos de estatus: el conocimiento especializado, el lenguaje técnico, la complejidad, la dificultad de acceso, la jerarquía y la exclusividad.
La IA cuestiona buena parte de esos símbolos. Ya no impresiona tanto hablar difícil, citar normas de memoria, redactar un documento estándar o acceder rápidamente a información jurídica.
La profesión legal perdió parte de su mística y obliga a volver a lo esencial. El derecho nunca debió tratarse simplemente de administrar información, sino de resolver problemas humanos complejos en contextos de incertidumbre.
Por eso el futuro probablemente no pertenece al abogado promedio que simplemente ejecuta tareas técnicas intercambiables. Pertenece al abogado que entiende profundamente cómo funciona el mundo.
Cuando hay miles de profesionales ofreciendo servicios relativamente similares y además aparecen herramientas capaces de ejecutar parte importante del trabajo técnico, el mercado comienza inevitablemente a preguntarse quién agrega realmente valor. Y agrega valor quien tiene la capacidad de comprender organizaciones, entender incentivos, leer contextos políticos y económicos, diseñar soluciones, liderar conversaciones difíciles, anticipar riesgos, construir confianza, conectar disciplinas y tomar decisiones bajo incertidumbre.
Quizás por eso el abogado del futuro se parecerá menos al profesional tradicional obsesionado con controlar información y más a un arquitecto de decisiones (sigo insistiendo en esto). Alguien capaz de moverse entre derecho, negocios, tecnología, datos, regulación y estrategia. Alguien menos preocupado de demostrar cuánto sabe y más preocupado de resolver problemas reales.
Porque, finalmente, la IA no destruye la profesión jurídica; destruye ciertas formas históricas de ejercer poder dentro de ella.
Probablemente eso era inevitable. El abogado dejó de ser escaso hace tiempo, ya que venimos viviendo con la masificación de la profesión desde hace décadas. Hoy, la inteligencia artificial simplemente hizo imposible seguir ignorándolo.
Rafael es el responsable de Mirada 360 en América Latina, donde colabora con las firmas de abogados en estrategia, modelo de negocio y posicionamiento competitivo. El trabajo académico, como profesor e investigador durante más de 15 años, y su formación en derecho y en economía, lo llevó a interesarse por estudiar el mercado legal.
