Rafael Mery
Escuchar Podcast de Mirada 360 >
He estado leyendo los programas de quienes aspiran al decanato de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Leí únicamente los programas de Gabriel Hernández Paulsen, María Inés Horvitz Lennon, Pilar Moraga Sariego y Renée Rivero Hurtado, ya que no encontré el programa de Santiago Schuster Vergara.
Son documentos serios. Todos contienen propuestas valiosas. Algunos enfatizan la comunidad académica, otros la ética profesional, la investigación, la internacionalización o la sustentabilidad institucional. Sin embargo, al terminar de leerlos, me quedó una sensación poco feliz: la discusión parece estar ocurriendo dentro del paradigma actual de la educación jurídica, y no tengo claro que ese sea el camino correcto.
Cuatro programas, una misma premisa.
Gabriel Hernández pone el acento en fortalecer la comunidad académica, apoyar a los profesores y consolidar la excelencia institucional. María Inés Horvitz construye su propuesta sobre una tesis más amplia: la crisis institucional y ética que atraviesa el país y la necesidad de que la Facultad recupere un papel activo en el debate público. Pilar Moraga enfatiza la cooperación académica, la gobernanza universitaria, la sustentabilidad y la proyección intelectual de la Facultad frente a desafíos como la crisis climática. Renée Rivero, por último, pone especial atención en la innovación docente, la internacionalización, el vínculo con la práctica profesional y la modernización del posgrado.
Son énfasis distintos, pero leyendo los cuatro documentos aparece una premisa común: todos discuten cómo mejorar la Facultad de Derecho que conocemos.
Ninguno parece preguntarse seriamente si el modelo tradicional de Facultad de Derecho seguirá siendo el adecuado dentro de diez años.
La IA aparece. Pero no como protagonista.
La inteligencia artificial está presente en los cuatro programas, y conviene ser preciso sobre cómo aparece.
Hernández propone crear una unidad de inteligencia artificial que fomente su empleo en pregrado y posgrado y desarrolle investigación sobre la tecnología, con la aspiración de que la Escuela sea un referente regional. Horvitz reconoce que la formación jurídica arriesga la obsolescencia por el cambio tecnológico y sitúa la adecuación de programas y métodos en la revisión del plan de estudios. Moraga incluye el «correcto uso de la inteligencia artificial» entre las competencias del ejercicio profesional contemporáneo. Rivero identifica el impacto de la IA en la enseñanza y en la profesión como uno de los desafíos de su diagnóstico inicial.
Es decir, la IA aparece como un desafío curricular, como un fenómeno que obliga a revisar métodos, como una competencia más en la lista. Nunca como el eje que reorganiza todo lo demás.
La pregunta dominante sigue siendo: ¿cómo incorporamos la IA a la enseñanza jurídica?
Y quizás la pregunta debería ser otra:
¿cómo cambia la enseñanza jurídica cuando la IA comienza a realizar parte importante del trabajo jurídico?
La diferencia parece sutil, pero no lo es. Y los datos que llegan del mercado sugieren que la segunda pregunta ya no es especulativa.
Lo que los números dicen mientras deliberamos.
Veamos qué pasó mientras se escribían estos programas.
Según el Legal Trends Reportde Clio, en 2023 solo el 19% de los abogados usaba inteligencia artificial en su trabajo. En 2025, la cifra llegó al 87% entre abogados de firmas grandes y al 71% entre quienes ejercen solos. De 19 a 87 en dos años. No hay precedente de una adopción tecnológica a esa velocidad en la historia de la profesión legal.
Thomson Reuters estima que las herramientas de IA pueden ahorrar a un abogado cerca de 240 horas al año, concentradas precisamente en las tareas que históricamente formaron a los juniors: revisión documental, investigación jurídica, análisis de contratos. Goldman Sachs calculó en 2023 que el 44% de las tareas legales era automatizable, la proporción más alta de todas las industrias analizadas junto con el trabajo administrativo.
Los efectos sobre el empleo ya no son proyecciones. En diciembre de 2025, Clifford Chance recortó el 10% de su personal en Londres citando el mayor uso de IA. En febrero de 2026, Baker McKenzie eliminó entre 600 y 1.000 puestos de servicios profesionales por integración de IA, el mayor recorte atribuido a esta tecnología en la industria legal hasta la fecha. Brad Karp, presidente de Paul Weiss, una de las firmas más rentables del mundo, declaró que los abogados junior serán «significativamente reemplazados» por la IA.
Alguien podría responder que el empleo legal agregado está en máximos históricos, y es cierto: 1,24 millones de puestos en Estados Unidos según el Bureau of Labor Statistics, con desempleo de abogados en 1%. Pero ese dato agregado esconde el dato que importa para una Facultad de Derecho: la pirámide se está comprimiendo desde la base. Las firmas no están despidiendo socios; están contratando menos juniors y exigiéndoles otra cosa. El modelo de negocio que durante décadas financió la formación práctica de los abogados recién egresados, contratar grandes camadas de asociados para trabajo rutinario facturable, está dejando de cerrar.
Y los clientes están empujando en la misma dirección. Según el Future of Professionals Report 2026de Thomson Reuters, el 78% de los departamentos legales corporativos considera esencial que sus asesores externos entreguen mejoras de calidad habilitadas por IA, pero solo el 6% dice que sus proveedores efectivamente lo hacen. Un tercio está reconsiderando sus relaciones con firmas rezagadas.
Nada de esto aparece en los programas. Ni la comprensión de la pirámide, ni el futuro de las firmas, ni el impacto sobre los recién egresados, ni la transformación de los modelos de negocio legales.
El conocimiento dejó de ser escaso.
Durante siglos, el valor diferencial del abogado estuvo asociado al acceso al conocimiento jurídico: conocer las normas, la jurisprudencia, la doctrina, los procedimientos. Ese acceso era costoso de adquirir, y las facultades de derecho fueron, en lo esencial, el mecanismo institucional para distribuirlo.
La inteligencia artificial está reduciendo radicalmente los costos de acceso a ese conocimiento. Lo que antes tomaba cinco años de estudio y diez de práctica para ubicar, hoy se obtiene en segundos con una calidad que mejora cada trimestre.
No significa que el Derecho deje de importar. Significa que la ventaja competitiva ya no estará donde estuvo históricamente. La pregunta deja de ser quién sabe más y comienza a ser quién tiene mejor criterio: quién formula mejores preguntas, quién entiende mejor los incentivos, quién puede diseñar soluciones y quién puede asumir responsabilidad.
Ese desplazamiento tiene una consecuencia directa para las facultades: si el insumo que producen (conocimiento jurídico codificado en cabezas de egresados) se abarata, el modelo entero de producción debe repensarse. No basta con agregar un curso.
Lo que están haciendo otros, y lo que igual no alcanza.
Algunas facultades ya se movieron. Case Western Reserve fue la primera en hacer obligatoria la certificación en IA para todos sus estudiantes de primer año. La Universidad de Chicago lanzó en 2026 módulos de IA obligatorios para sus 1L, y rediseñó su programa de investigación y redacción jurídica para incorporar la tecnología. Berkeley creó un LL.M. con especialización en inteligencia artificial. Según la encuesta de Bloomberg Law de marzo de 2026, 25 de 28 escuelas de derecho acreditadas consultadas ofrecen cursos con foco en IA.
Y aun así no alcanza. La encuesta de Thomson Reuters a más de 1.800 estudiantes de derecho estadounidenses, publicada en mayo de 2026, muestra el tamaño de la brecha: un tercio de los estudiantes considera que su escuela no les entrega las competencias de IA que su carrera exigirá, y casi la mitad reporta que las políticas varían profesor por profesor, sin señales institucionales coherentes. Lo notable es que los propios estudiantes exhiben más matices que sus instituciones: el 72% considera la alfabetización en IA una competencia profesional esencial, y el 74% reconoce simultáneamente que la sobredependencia puede atrofiar sus competencias jurídicas de base.
Es decir, incluso las facultades que están reaccionando lo hacen dentro del paradigma. Agregan cursos, certificaciones, módulos. Pocas se preguntan si la arquitectura completa (cinco años de transmisión de conocimiento codificado, evaluación memorística, práctica tardía, formación de posgrado como extensión de lo mismo) sigue teniendo sentido cuando el conocimiento que transmite dejó de ser escaso.
La discusión que echo de menos.
Leyendo los programas, me pregunté cuántas veces aparece una discusión sobre la automatización del trabajo jurídico, el futuro de las firmas de abogados, el impacto de la IA sobre los recién egresados, la transformación de los modelos de negocio legales, la redefinición de las competencias profesionales o la eventual reducción del valor económico del conocimiento jurídico rutinario. Prácticamente ninguna, y eso me parece llamativo.
Porque estas preguntas probablemente tendrán más impacto sobre la profesión jurídica de los próximos veinte años que muchas de las discusiones curriculares que hoy concentran nuestra atención. Un decanato 2026-2030 gobernará exactamente los años en que esta transformación dejará de ser tendencia y pasará a ser estructura.
Seguimos preguntándonos cómo mejorar la Facultad de Derecho, pero todavía nos cuesta preguntarnos cómo debería ser una Facultad de Derecho en un mundo donde el conocimiento jurídico dejó de ser escaso. Y esa diferencia puede ser mucho más importante de lo que parece.
Porque las instituciones que lideran el futuro rara vez son las que administran mejor el paradigma existente. Suelen ser las que detectan primero cuándo ese paradigma está comenzando a cambiar.
Así las cosas, parece que la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile insistirá en seguir perdiendo el liderazgo que la caracterizó por casi dos siglos.
Rafael es el responsable de Mirada 360 en América Latina, donde colabora con las firmas de abogados en estrategia, modelo de negocio y posicionamiento competitivo. El trabajo académico, como profesor e investigador durante más de 15 años, y su formación en derecho y en economía, lo llevó a interesarse por estudiar el mercado legal.
