La irrupción de las redes sociales ha propiciado la creación de un “ágora virtual” alrededor de la cual se reúnen miles de personas que opinan, comentan y debaten sobre cualquier asunto de carácter judicial de actualidad que aparece en los medios de comunicación.

Con un ordenador y conexión a Internet el ciudadano medio ‘juzga’ lo que lee o escucha y ve en los medios de comunicación y dicta sentencia en tanto en cuanto analiza la información que recibe pero, ¿qué características presentan los juicios paralelos en Twitter?

Libertad de expresión e información

El artículo 20.1 a) de la Constitución española reconoce y protege los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

Amparados por este derecho fundamental, los medios de comunicación y los usuarios de Twitter expresan y comparten información y opinión a través de este canal en el cual se debate abiertamente sobre los temas de actualidad en general y en particular acerca de los casos judiciales más mediáticos del momento.

Debatir, compartir, criticar… pero ¿dónde se encuentra el límite?

¿Calumnias e injurias?

En numerosas ocasiones, en la Red se vierten comentarios que pueden lesionar la dignidad de una persona perjudicando su reputación o atentando contra su propia estima, en el caso de injurias, o la calumnia, cuando se produce la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad.

En este sentido, el artículo 211 del Código Penal refleja que “la calumnia y la injuria se reputarán hechas con publicidad cuando se propaguen por medio de la imprenta, la radiodifusión o por cualquier otro medio de eficacia semejante.” Por lo tanto, la pena por la comisión de este delito se agravaría por su propagación pública como es en el caso de Twitter.

Por otra parte, en el caso de que el usuario se retractarse de su publicación y retirase el tweet, el artículo 216 del Código Penal señala que el Juez o Tribunal impondría la pena inmediatamente inferior en grado.

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El artículo 120.1 CE que reconoce que “las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean leyes de procedimiento”. Este artículo está vinculado a un derecho fundamental: la libertad de expresión e información amparada en el artículo 20 de la Constitución.

La publicidad de las actuaciones judiciales plantea el debate de si sacar a la luz el proceso judicial y posicionarlo en las portadas de los medios, choca directamente con, en primer lugar, el derecho a la presunción de inocencia establecido en el artículo 24 de la Constitución, puesto que el juicio paralelo se emite desde el momento en que se conoce la imputación del sujeto hasta su absolución o condena, posibilitando que el acusado vea como su honor, intimidad y propia imagen (art 18 de la CE) queda dañada.

En esta línea no se trata de un derecho absoluto, ya que el artículo 232 de la LOPJ establece que “excepcionalmente, por razones de orden público y de protección de los derechos y libertades, los Jueces y Tribunales, mediante resolución motivada, podrán limitar el ámbito de la publicidad y acordar el carácter secreto de todas o parte de las actuaciones.”

Punibilidad

El reciente caso del asesinato de Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León, y su posterior repercusión en las redes sociales, ha generado controversia en torno a si se debe castigar a los que publican dichos comentarios.

A raíz de este hecho, la Fiscalía de la Audiencia Nacional acusó a Alba González Camacho un delito de enaltecimiento del terrorismo por difundir en su cuenta, denominada @albacorazonegro, lo que consideró como “mensajes de contenido ideológico de elevado carácter radical y violento”:

Finalmente, la procesada no entró en prisión tras hacer pública su conformidad con el acuerdo entre su defensa y el Ministerio Público tras la suspensión de la pena por ser inferior a dos años y carecer de antecedentes penales.

¿Información/sensacionalismo?

La presencia de los principales medios de comunicación en Twitter ha producido que estos generen contenido con carácter inmediato y produzca un efecto ‘expansivo’ entre los cientos de miles de usuarios que siguen a dichos medios.

El deber de informar de los periodistas plantea una disyuntiva en la red: publicar cualquier tipo de información, a sabiendas de que dicha publicación puede perjudicar el derecho a la presunción de inocencia del implicado; o no desvelar la información que posea un determinado medio ‘autocensurándose’ de forma que el ciudadano no tenga información sobre los principales casos judiciales para no crear juicios paralelos que pueden perjudicar al acusado.

Son muchas preguntas las que imperiosamente requerirían una respuesta inmediata: ¿Cómo controlar los juicios paralelos? ¿Es la Administración de Justicia la encargada de velar de la presunción de inocencia del acusado? ¿Vivimos bajo la atenta mirada de un nuevo órgano acusador llamado Twitter?

 

Jorge Calín
Periodista, Social Media, licenciando en Derecho
@j_calin
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